Los partidos reconocen la infrafinanciación universitaria

Ningún partido pone en duda que para que España progrese económica y socialmente necesita una universidad de calidad, que hay urgencia en dotar de más fondos a los campus y deben de contar con mayor autonomía —no en el papel, sino de facto— siempre con rendición de cuentas. A partir de ahí, este martes casi todo fueron divergencias en el debate preelectoral celebrado en Madrid entre los grupos principales sobre políticas universitarias organizado por la Fundación CYD.

La crisis trajo consigo una sangría económica y de empleo (se perdieron el 13% de los puestos fijos al no reponerse los jubilados) para las universidades de la que no se ha recuperado. En 2019 ya ni el Partido Popular, que gobernó parte de esos años, niega la infrafinanciación. Según datos de la OCDE el gasto por alumno bajó un 13% entre 2010 y 2015, mientras subía un 5% de media. Aunque la diputada popular y profesora universitaria Isabel Valmaña mostró un escenario más amigable: “Se está haciendo una valoración casi cegata, las cifras desmienten. En 2018 hubo muchos más alumnos egresados que en el 2010. No ha perdido músculo pese a la insensatez del Gobierno socialista que negó la crisis. La Universidad ha resistido con un profesorado magnífico. El problema es politizar la universidad, y los acontecimientos recientes han propiciado eso”.

“No en la Universidad de Matrix ideal que pinta Isabel [PP]. Hay que solucionar la suficiencia económica, que esté bien financiada. Llegar al 1,5 PIB que es lo que invierte nuestro entorno”, replicó el diputado Joan Mena, de En Comú Podem. En 2016 se invirtió un 0,819% del PIB español, frente al 0,898 de 2018. Dura fue también Marta Martín de Ciudadanos: “Podemos seguir haciéndonos trampas pero hay muchas cosas que mejorar. Se necesita una mejor autonomía con más rendición de cuentas para que no pase lo que ha pasado con los escándalos políticos”.

El socialista Juan José Moreno, que fue secretario de Estado de Universidades con Ángel Gabilondo en los inicios de la crisis, cree que no se puede “pedir milagros a los campus”. Puso de ejemplo la Universidad KTH de Estocolmo, que ocupa el puesto 100 y que invierte en cada alumno 28.000 euros anuales, frente a los 6.400 en España. “Y las hay con cifras mayores. Stanford gasta 100.000”, subrayó Moreno.

Existe entre los grupos también el consenso de que, además de una mayor financiación, tiene que existir estabilidad presupuestaria. Hoy los campus no saben con qué dinero van a disponer a medio plazo, lo que condiciona sus planes. La Comunidad de Madrid estuvo a punto de aprobar en 2018 —la presidenta regional Cristina Cifuentes se equivocó en la votación— una ley que ofrecía una estabilidad plurianual a los campus. Los gallegos cuentan ya con una norma que lo regula.

LOS CAMPUS PRIVADOS EN EL CENTRO DEL DEBATE
La calidad de las universidades privadas está en cuestión estos días —Madrid ha aprobado tres nuevos centros— por la escasa actividad investigadora y de transferencia tecnológica que muchas desarrollan. Los socialistas, y así lo contemplan en su programa para estas elecciones, creen que hay que crear un sistema que exija una calidad mínima a estos campus. Joan Mena, de En Comú Podem, se mostró partidario de intervenir: “el PP ha dado a la educación privada hasta suelos gratis”. Mientras Isabel Valmaña sostuvo que el Estado no debe interferir en el negocio educativo de una empresa privada. Más dura se mostró Marta Martín, de Ciudadanos: “Si el Estado expide el título privado tiene que garantizar que tienen las competencias necesarias para ejercer un trabajo”.